Nicaragua es un país de 5.5 millones de habitantes en donde el 53% de la población son mujeres. Diariamente el 80% enfrenta condiciones de pobreza con menos de U$2.00 para subsistir al día. Aproximadamente el 50% de este grupo son mujeres y hombres menores de 19 años. La población menor a 30 años representa el 67% del total y la inasistencia escolar en adolescentes es de 42%. El desempleo afecta al 41% de los y las jóvenes según estadísticas oficiales . El país se enfrenta a niveles de empobrecimiento que se ven reflejados en altas tasas de desempleo, la migración continúa de la fuerza de trabajo, acceso limitado a los servicios de salud, educación y crédito e insumos para la producción, que afectan particularmente el ejercicio de la ciudadanía a toda la población y particularmente a las mujeres jóvenes y adultas
Esta misma situación de vulnerabilidad y desigualdad abrumadora que observamos en los agentes de la economía, la encontramos en el ámbito político tanto para los y las jóvenes como para las mujeres que deciden hacer política. Ambos grupos aunque cuentas con una seria de “cuotas” para cargos de elección popular y espacio políticos según nuestra legislación nacional en materia electoral y de forma estatutaria en cada uno de los partidos políticos, experimentan la falta de un verdadero empoderamiento político tanto en mujeres como jóvenes, viéndose anulados por los “caudillos” y el machismo imperante en la forma de hacer política de los diferentes partidos, que los sitúan en cargos de relleno y no en puesto de toma de decisión.
Otros factores de debate político actual que afectan directamente el ejercicio de la ciudadanía y la gobernabilidad en Nicaragua son la creciente tasa de corrupción y poca transparencia en las acciones gubernamentales , factores que vulneran la institucionalidad del estado, a la vez que limita el acceso a la justicia, la información y la libre participación en la vida pública, algo que incrementa los efectos de la pobreza al no poder contar con resguardo y garantía de los derechos. Esto aunado al afianzamiento de alianzas regionales entre líderes extremistas de algunos sectores políticos, religiosos y económicos, afecta directamente el ejercicio de derechos de mujeres y jóvenes, principalmente por las restricciones y limitantes que significan los abordajes patriarcales.
De igual forma en el último periodo Nicaragua ha experimentado profundos cambios en la dinámica política, pérdida de la institucionalidad, transformaciones de las fuerzas políticas y su polarización así como las crecientes tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales, vulneran la participación ciudadana.

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