Retos actuales de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto político, económico y social de Nicaragua 2010

El contexto político nicaragüense se ha tornado más complejo para el desempeño de las Organizaciones de la Sociedad Civil. El gobierno ha adoptado una actitud de vigilancia a las Organizaciones y ha emprendido acciones contra algunas que ha considerado han intervenido en los asuntos internos del país. Eso ha provocado que muchas organizaciones reduzcan la intensidad de sus acciones e impriman mayor prudencia en sus implementaciones.

Por otro lado, la clase política vive tiempos de extraordinaria división. Los partidos políticos de oposición no han logrado concretar una alianza productiva a favor de los ciudadanos y han concentrado sus agendas en la confrontación con otras fuerzas o el gobierno y han dejado de lado el fomento de los valores cívicos en la comunidad.

La ciudadanía nicaragüense es receptiva, participa cuando los espacios son ofrecidos y garantizados. El mayor reto de las Organizaciones de la Sociedad Civil, desde mi punto de vista, es la consistencia escrupulosa en sus acciones y la articulación entre ellas mismas para empujar objetivos comunes que abonen a los que cada una tiene en su propia agenda.

Hoy en día el país cuenta con un altísimo número de organizaciones actuando directamente en la comunidad y son, sin duda, una fuerza viva entre la ciudadanía aunque sus esfuerzos en ocasiones se antojan aislados entre ellas cuando podrían gozar de las ventajas que les ofrece, quizá, un trabajo un poco mas articulado.

DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL: ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS MUNICIPALES EN NICARAGUA

Lourdes Michelle Cisneros Hernández (Nicaragua)

En 1990 Nicaragua inicia su proceso de modernización, lo que
produjo cambios en su estructura política, social y económica y,
en último término, su descentralización.
Cumpliendo el mandato constitucional de 1995, en agosto de
2003 se promulgó la Ley de Transferencias Presupuestarias a los
Municipios (Ley 466), cuyo objetivo es realizar una correcta
operación y focalización de las transferencias presupuestarias.
En este marco, este trabajo hace un análisis cualitativo de los
avances y nudos críticos del proceso de descentralización en este
país, así como una descripción de la implementación y
consecuencias de la Ley 466.
Del análisis se concluye que esta legislación es una buena
herramienta técnica para el proceso de descentralización del país,
ya que la fórmula de distribución de los recursos promueve
equidad bajo el principio de subsidiariedad hacia los municipios
y, además, genera transparencia en el uso de los recursos, a
través de los flujos constantes de información entre los niveles
central y local. Sin embargo, resulta preocupante que estos
aspectos se tornen negativos al implementar la Ley de
Transferencias, dado que más del 50% de las municipalidades no
cuenta con los recursos humanos ni técnicos para implementar
dicha herramienta.
Asimismo, se establece que se requiere voluntad política en torno
al proceso de descentralización, y que este se perciba como una
necesidad interna, de manera que no sólo cumpla con las
exigencias de los organismos internacionales sino que también
sea consecuente con las necesidades del país y la modernización
de su Estado.
Con el fin de mejorar la ejecución de la Ley 466, esta
investigación recomienda consensuar criterios sobre el concepto
de descentralización y competencias municipales. También
sugiere nivelar las capacidades de los distintos municipios, crear
incentivos para la asociatividad entre los más pequeños y no
modificar continuamente la Ley de Transferencias. Por último, se
indica la realización de cuentas públicas, así como una
fiscalización ex post por parte de la Contraloría General de la
República sobre los recursos asignados vía transferencias.

Problemáticas que afectan a la gobernabilidad en el contexto político actual nicaragüense

Nicaragua es un país de 5.5 millones de habitantes en donde el 53% de la población son mujeres. Diariamente el 80% enfrenta condiciones de pobreza con menos de U$2.00 para subsistir al día. Aproximadamente el 50% de este grupo son mujeres y hombres menores de 19 años. La población menor a 30 años representa el 67% del total y la inasistencia escolar en adolescentes es de 42%. El desempleo afecta al 41% de los y las jóvenes según estadísticas oficiales . El país se enfrenta a niveles de empobrecimiento que se ven reflejados en altas tasas de desempleo, la migración continúa de la fuerza de trabajo, acceso limitado a los servicios de salud, educación y crédito e insumos para la producción, que afectan particularmente el ejercicio de la ciudadanía a toda la población y particularmente a las mujeres jóvenes y adultas

Esta misma situación de vulnerabilidad y desigualdad abrumadora que observamos en los agentes de la economía, la encontramos en el ámbito político tanto para los y las jóvenes como para las mujeres que deciden hacer política. Ambos grupos aunque cuentas con una seria de “cuotas” para cargos de elección popular y espacio políticos según nuestra legislación nacional en materia electoral y de forma estatutaria en cada uno de los partidos políticos, experimentan la falta de un verdadero empoderamiento político tanto en mujeres como jóvenes, viéndose anulados por los “caudillos” y el machismo imperante en la forma de hacer política de los diferentes partidos, que los sitúan en cargos de relleno y no en puesto de toma de decisión.

Otros factores de debate político actual que afectan directamente el ejercicio de la ciudadanía y la gobernabilidad en Nicaragua son la creciente tasa de corrupción y poca transparencia en las acciones gubernamentales , factores que vulneran la institucionalidad del estado, a la vez que limita el acceso a la justicia, la información y la libre participación en la vida pública, algo que incrementa los efectos de la pobreza al no poder contar con resguardo y garantía de los derechos. Esto aunado al afianzamiento de alianzas regionales entre líderes extremistas de algunos sectores políticos, religiosos y económicos, afecta directamente el ejercicio de derechos de mujeres y jóvenes, principalmente por las restricciones y limitantes que significan los abordajes patriarcales.

De igual forma en el último periodo Nicaragua ha experimentado profundos cambios en la dinámica política, pérdida de la institucionalidad, transformaciones de las fuerzas políticas y su polarización así como las crecientes tensiones entre el gobierno y los movimientos sociales, vulneran la participación ciudadana.